Santiago Alba Rico
El pasado domingo, Nejib Abidi, Yahya Dridi, Abdallah Yahya, Slim Abida, Mahmoud Ayed y Skander Ben Abid, todos jóvenes, todos músicos, cineastas, artistas y activistas, todos ellos comprometidos en la lucha contra la dictadura de Ben Ali y ahora en el combate en favor de una verdadera democracia, fueron detenidos mientras trabajaban en la última película de Nejib. La acusación formal es la de “consumo de sustancias ilícitas”, un delito que el código penal vigente castiga con altísimas penas de cárcel. Curiosamente, en la víspera de la detención a Nejib Abidi le habían robado de casa los discos duros que contenían todo el material bruto de su documental. ¿De qué trataba este documental? Del “tráfico de la muerte” -por utilizar una expresión de Dali Ghazi-: es decir, del contrabando de hombres en el Mediterráneo, una práctica que implica al menos tres partes -el traficante, el gobierno local y los países llamados de “acogida”- y que ha hecho desaparecer en el mar decenas, centenares, quizás miles de tunecinos y subsaharianos en los últimos años.
Cualesquiera que sean los verdaderos motivos de esta detención, lo que es indudable es que se está utilizando un “delito común” para retirar de la circulación, como en tiempos del dictador Ben Ali, a jóvenes molestos por su sensibilidad social y compromiso político. Eso es muy grave. Pero no menos grave -pues es su condición- es que dos años y medio después de las jornadas revolucionarias de enero de 2011 siga existiendo la ley que permite semejante tropelía. De hecho, dos años y medio después siguen las mismas leyes, los mismos jueces y la misma policía. ¿De quién son instrumento? ¿Del Ministerio del Interior y del partido Ennahda? ¿Tienen su propia agenda? ¿Flotan las frágiles instituciones políticas tunecinas sobre una oscura mancha de petróleo que cruza por debajo de casi todos los partidos y casi todas las instituciones del Estado?
Tras el asesinato el pasado 25 de julio de Mohamed Brahmi, diputado del Frente Popular, Túnez está enfangado en una crisis que sigue paralizando el país. Ese criminal atentado, coincidente con el golpe militar en Egipto, proyectó la sombra del descarrilamiento democrático sobre la transición tunecina: ya tentada por el modelo egipcio, la oposición cabalgó una cólera justa para dar un salto en el vacío. El Frente Popular, que hasta entonces se había mantenido equidistante entre la derecha islamista y la derecha laica, cedió a los cantos de sirena de los fulul del antiguo régimen y se unió a Unión por Túnez, la coalición liderada por el bourguibista Caid Essebsi, para formar -a la egipcia- el Frente de Salvación Nacional en torno a un programa de mínimos: destitución del gobierno, disolución de la Asamblea Constituyente, formación de un gabinete y un consejo de “expertos” que -respectivamente- gestionen la transición y redacten una constitución “verdaderamente democrática”. Un tenso pulso de movilizaciones en las calles, junto a la invocación más o menos explícita de una intervención militar y la retirada de 70 diputados del Parlamento, llevaron en agosto a Ben Jaafer, su presidente, a suspender las sesiones de la Asamblea. Desde entonces el país está varado en una especie de gelatina densa y temblorosa en la que cualquier nuevo golpe puede echar por tierra este frágil y esperanzador proceso.
En lugar del ejército, en Túnez ha intervenido el sindicato UGTT, un Estado dentro del Estado, más pragmático que ideológico, para hacer una propuesta de solución que pasa por conservar la Asamblea Constituyente pero entregar el gobierno, hasta las elecciones, a un grupo de “independientes”; es decir, a la oposición. Se ha constituido un “cuarteto” mediador del que, junto al sindicato, forman parte UTICA (la asociación empresarial tunecina), la Orden de Abogados y la Liga de DDHH. El Frente Nacional de Salvación, con un pie en la razón y otro en el vacío, trabaja claramente con el “cuarteto” para derribar el gobierno. La “troika” en el poder, con los islamistas de Ennahda a la cabeza, han aceptado el diálogo, pero ponen condiciones a la propuesta: están dispuestos a dejar el gobierno antes de las elecciones, pero no antes de la aprobación de la Constitución, cuyo último borrador estaba ya listo para el debate antes del 25 de julio. La cuestión es ésta: gobierno y oposición se disputan los “cargos” que habrán de preparar las elecciones; es decir, se disputan un aparato de Estado que nadie sabe quién domina en realidad ni a qué intereses sirve. Entre tanto, sin Constitución, sin “ley de justicia transicional”, sin depuración del aparato judicial y de la policía, se mantiene de facto la legalidad de la dictadura, mientras los medios de información, en manos de la oposición, demonizan a un gobierno que ha hecho bastante por si solo para degradarse. El precedente de Egipto debería servir, en cualquier caso, al menos a la izquierda, para medir los riesgos de obsesionarse con la omnipotencia de los islamistas y su presunta apropiación de todas las bridas y todas las teclas del Estado.
Al impasse institucional, que permite detener a activistas y artistas comprometidos por fumarse unos porros, se añade la devastadora situación económica del país. Pues bien, a través del “cuarteto” negociador y del propio Frente de Salvación, la izquierda ha aceptado no sólo prolongar la legalidad de la dictadura, útil para la derecha islamista y para la derecha laica, sino también renunciar de algún modo a su programa social y económico. UTICA, la patronal tunecina, miembro del “cuarteto” negociador y uno de los nervios centrales de la Unión por Túnez, la coalición derechista a la que se ha unido el Frente Popular para derrocar el gobierno, acaba de presentar sus propuestas para salir de la crisis económica. Entre ellas, podemos citar la criminalización de toda accion que ponga en peligro el “libre comercio” o “perturbe la vida económica”, el restablecimiento del sistema de subcontratas y de empleo precario, la congelación salarial, la condena de huelgas y protestas que pongan en peligro la viabilidad de una empresa, la financiación pública de las compañías privadas amenazadas por la crisis y la persecución de todas las formas de comercio paralelo. Cumple señalar que es un programa que Ennahda, partido islamista neoliberal, compartiría de buen grado con UTICA, pero por ello mismo cabría esperar que el Frente Popular no sacrificase sus luchas sociales a las virtuales ventajas de una pelea política que fragiliza las pequeñas conquistas democráticas de la revolución y en la que sólo puede salir perdiendo.
En Túnez, como en España, se lucha por asentar un verdadero Estado de Derecho (pensemos en los activistas gallegos condenados a penas delirantes) y una verdadera democracia que permita al mismo tiempo expresar las propias ideas y gestionar los propios recursos. Nada de eso será posible mientras siga vigente de facto la legalidad de la dictadura y la economía de la dictadura. Sin constitución, sin leyes, sin Asamblea, este vacío gelatinoso se llena de baja política: atajos, conspiraciones, negociaciones en la sombra, golpes amagados o potenciales de todos los que, dentro y fuera de Túnez, siguen pensando en Egipto, pese a todos sus horrores, como la “verdadera democracia” y la “verdadera revolución”.
http://www.cuartopoder.es/tribuna/la-crisis-sigue-un-tunez-sin-salida/5077
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